El presupuesto que el Congreso de la Unión aprobó para el año entrante y que se destinará para la reconstrucción –como consecuencia de los sismos de septiembre pasado–, es de aproximadamente 20,500 millones de pesos, que podrán utilizar el gobierno federal, así como los estatales y municipales, para atender los pendientes, así como diversos desastres naturales que se avecinan para el año próximo.

Eso es independiente a los recursos públicos que ahora se están ejerciendo y al dinero que recabaron las fundaciones y los bancos y que, por ahora, no se sabe a dónde están. Eso no está muy bien. En muchos capitalinos existen sobradas sospechas de si esos recursos públicos llegarán verdaderamente a las familias que perdieron sus hogares, pues los recursos destinados hasta ahora a los pueblos afectados de Oaxaca y Chiapas han mostrado dos cosas: un fin electorero por parte de los priístas y un descuidado manejo de dichos recursos por parte de burócratas voraces, pues muchas de las tarjetas para beneficiarios fueron clonadas desde antes de que fueran entregadas a sus destinatarios.

El asunto no es menor porque se trata nuevamente de actos de corrupción y que el PRI y el gobierno no están dispuestos a ceder, sobre todo en año electoral. Prueba de lo anterior es el hecho de que, desde el Congreso de la Unión, los tricolores han puesto una serie de trabas para no establecer el Sistema Nacional Anticorrupción y no designar, por ahora, al fiscal que impedirá que se roben el dinero público. Pero lo mismo pasa con el PRD en la capital del país. El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, solicitó ante la Cámara de Diputados federal, que el presupuesto 2018 que se asigne a la Ciudad de México, se etiquete para la construcción de viviendas, escuelas y red de agua potable. Cravioto Romero calificó de irresponsable que Miguel Ángel Mancera no haya propuesto hasta la fecha, un presupuesto 2018 para la reconstrucción de la Ciudad de México y sostuvo que tanto el presupuesto 2018 que se apruebe en la Asamblea Legislativa, como el que se decrete en la Cámara de Diputados, tiene que ser un presupuesto enfocado en la reconstrucción, pero además, deben de ser dineros que se encuentren debidamente etiquetados para evitar que se empleen en otros fines, principalmente los electorales