Destacada calidad

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Eduardo Betancourt

elb@unam.mx

Son múltiples razones las que me obligan a expresar mi opinión sobre el fulminante cese del Dr. Santiago Nieto, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En principio, su destacada calidad académica, la cual me consta, pues fue mi alumno y como tal siempre se distinguió por su seriedad y responsabilidad. Posteriormente, ha sido mi colega en la docencia, ámbito en el cual es conocido su talento, ha ganado renombre y respetabilidad. Lo mismo, cuando ha tenido ocupaciones trascendentales, entre otras la de Magistrado también en temas electorales en la Ciudad de Toluca.

Ya como funcionario en el tema electoral, comprobé su compromiso y eficacia de su labor cuando denuncié un caso de maniobras durante un proceso electoral para obtener credenciales de elector. En esa ocasión, su respuesta fue contundente y evitó violaciones a la ley en la materia.

Fue por lo anterior que, como a casi todo el mundo, me causó impacto el radical cese que ordenó el nuevo encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, un abogado “modesto”, por no decir mediocre, que se recibió como tal hace unos cuantos años, y sin tener ninguna calidad, logró ascender con rapidez, como tantos en la vorágine de este país, en el que Peña Nieto parece encaprichado en nombrar a los peores para los cargos de responsabilidad, tanto por la falta de talento, como de honradez. El caso es que este subprocurador encargado del despacho oscuro como ya lo señalamos, sin más decidió cesar a Santiago Nieto, arguyendo legalismos, pero en el fondo con un testimonio digno de un mentecato (no se le puede llamar de otro modo): en el sentido que había fatado a la ley por haber expresado su opinión sobre el expediente de Emilio Lozoya, quien precisamente, es otro pícaro, protegido de Peña Nieto, que como es bien sabido estuvo ligado a las inmoralidades del proceso electoral pasado, donde hay la “danza” de miles de millones de pesos.

En esa dimensión, este subprocurador mediocre sustituto, ahora titular de una de las instituciones más corruptas, actuó como tantos en el sexenio, olvidándose de la ley y la Constitución, sin importarle su respeto; omitió darle a Nieto el más elemental de los beneficios, que es el de la garantía de audiencia. No entremos ahora en el tema de responsabilidades, quedémonos en la forma; es innegable que para la procedencia de cualquier resolución, decisión y aún más, sanción como la que sufrió Santiago Nieto, debe previamente otorgarse el derecho de audiencia, mediante el cual el posible afectado pueda ser escuchado, expresar sus puntos de vista sobre lo que se le pueda imputar, saber de qué se le acusa. Esto no se respetó, porque insistimos, lo que menos le importa al gobierno de Peña Nieto es cumplir la ley.