Acusan represión y autoritarismo

80

Partidos de oposición, legisladores, ONGs e IP, califican como un grave retroceso la destitución del titular de la Fepade

 

Como bomba cayó la revelación de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), recogidas por el diario Reforma, el miércoles pasado, en el sentido de que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo presionó para que declarara su inocencia por presuntos desvíos de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.

Ayer, Santiago Nieto fue cesado a través de un escueto comunicado que mandó la Procuraduría General de la República (PGR). Y de inmediato, las reacciones cayeron en cascada, pues la oposición considera que esta separación del cargo se debe a las “peores prácticas antidemocráticas y autoritarias por parte de este gobierno…”.

Y es que el servidor público se había convertido en un fiscal incómodo para el régimen del presidente Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya

El hasta ayer titular de la FEPADE, tenía en sus manos no sólo la investigación del caso de los presuntos sobornos de 10 millones de dólares por parte de Odebrecht al otrora director de Pemex, sino también los descuentos ilegales que César Duarte –entonces gobernador de Chihuahua– aplicaba a empleados para entregarlos a su partido (PAN).

Otros casos más que estaba trabajando era la posible relación de la empresa constructora OHL en delitos electorales y las denuncias sobre presuntos rebases de topes de campaña de candidatos, sobre todo del PRI.

En noviembre de 2015, Santiago Nieto se vio envuelto en una situación digna de Franz Kafka: luego de que solicitara una orden de aprehensión en contra del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob Arturo Escobar  por delitos electorales cometidos cuando éste presidía el Partido Verde Ecologista de México, se le abrió una averiguación previa.

Señalan al Presidente por proteger al exdirector de Pemex

Acto represor y autoritario

Desde el primer momento en que se hizo público el cese, los mensajes de reprobación del hecho inundaron las redes sociales. Los partidos políticos, la IP, las ONGs y la sociedad civil repudiaron la medida, calificándola de represora y autoritaria.

“La inesperada remoción de Santiago Nieto, quien fue ratificado por el Senado de la República el 19 de febrero de 2015 con 95 votos a favor y una abstención como titular de FEPADE, resulta extremadamente preocupante. La decisión se da en un contexto de debilidad institucional en el que la PGR carece de titular, el Fiscal Anticorrupción no ha sido nombrado y las iniciativas de reforma constitucional para lograr una Fiscalía General autónoma e independiente han sido ignoradas por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso”, manifestó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, junto con siete organismos civiles más.

Oposición respalda a Santiago Nieto

Por su parte, el PAN, a través de su líder Ricardo Anaya, calificó la destitución como un acto “francamente autoritario”, y contrario al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva.

“Además, esta decisión de la PGR enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la FEPADE a modo”, sentenció.

Aún más, afirmó que esta destitución “no es un caso aislado, pues se da en el marco del regreso de las peores prácticas anti-democráticas y autoritarias por parte de este gobierno, tales como el espionaje a periodistas y activistas de la sociedad civil, o el golpeteo contra los políticos de oposición”.

 

“vuelta de tuerca a la impunidad”

Emilio Álvarez Icaza, exómbudsman capitalino y fundador de AHORA, precisó que el cese de Santiago Nieto es “una vuelta más a la tuerca de la impunidad, corrupción y cinismo”. Y Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, lamentó: “huele, y mucho, a represalia política, y confirma por qué necesitamos fiscalías independientes”.

María Marván Laborde, la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, señaló que dicha medida evidencia la dimensión de la corrupción que existe en el caso Odebrecht. “El nivel de cinismo es intolerable. Primera vez que un Fiscal electoral servía para algo. No lo quieren ahí para 2018”.

A su vez, el activista Alfredo Lecona acusó al “carnalismo” de haber removido a Nieto, en lo que podría considerarse como “la semana de la impunidad”.

Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, acusó que la destitución del fiscal es un síntoma de intolerancia y del “neoautoritarismo” que está surgiendo en el país.

Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, fue directa: “Esta destitución dice que vivimos en el reino de la impunidad, y que el fiscal anticorrupción y el Sistema nacional Anticorrupción son puro teatro”. Y afirmó que con este cese que más claro que Odebrecht financió la campaña de Peña Nieto.

El perredista Luis Sánchez adelantó que su partido en el Senado está en contra de la remoción, y Miguel Barbosa, de la fracción del PT-Morena, manifestó que esta decisión demuestra que no habrá consecuencias contra Lozoya por el caso Odebrecht.

“Esta decisión tomada desde Los Pinos confirma que en contra de Emilio Lozoya nunca habrá acción penal en México”, concluyó.