Cabeza a un pisos máx

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El diputado aliancista Juan Gabriel Corchado Acevedo, manifestó su preocupación porque  las escuelas desde jardín de niños hasta superior cuenten todas con los dictámenes de Protección Civil, como una medida de garantía de seguridad para millones de estudiantes que retornarán a las aulas.

Recordó que algunas escuelas cuentan con 50 o más años de haber sido construidas y otras sobrevivieron al temblor del 85, por lo que demandan una revisión exhaustiva.

El Vicepresidente de la Comisión de Educación de la ALDF, fue enfático al señalar que los planteles escolares deberán seguir siendo verdaderos santuarios de seguridad para los alumnos, por lo que urgió a las autoridades acelerar los estudios de protección para que cada plantel cuente públicamente con su dictamen de seguridad para mayor certeza de quienes ahí se encuentran.

Hizo hincapié de que los partidos políticos, en serio entreguen sus prerrogativas y se inicie cuanto antes la reconstrucción de planteles educativos, edificios gubernamentales y viviendas para retomar el paisaje de la normalidad en la ciudad cosmopolita.

De esa manera, dijo el diputado Juan Gabriel Corchado, la ciudadanía recobrará la confianza para ir retomando la normalidad que tanto anhelamos….

En una verdadera ratonera se ha convertido el edificio de Izazaga 99 en el centro. Docentes y empleados administrativos denunciaron que la SEP los obligó a presentarse a laborar a pesar de las severas fallas estructurales que registra.

Los afectados revelaron que en el interior del edificio se pueden observar las cuarteaduras y lo peor, dijeron, es que no cuenta con el dictamen de Protección Civil que garantice seguridad para su integridad física.

Los damnificados manifestaron que quisieran ver a los 66 diputados visitando los edificios dañados para acelerar los dictámenes de Protección Civil.

Basta de que solo atiendan en sus módulos, los damnificados reclaman más presencia y participación de sus representantes populares.

Después de las pérdidas humanas y patrimoniales ocasionadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la demanda ciudadana es que la UNAM, IPN y UAM, enfoquen sus estudios a la creación de una alarma sísmica que otorgue cuando menos tres a cuatro minutos para que la población se puedan poner a resguardo con el registro de un movimiento telúrico.