Agresiones a periodistas

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Es fácil para un policía golpear a un reportero en una manifestación, como es fácil para un político amenazar a un periodista por hacerle una pregunta incómoda o para un empresario robarle la cámara a un fotógrafo que captaba imágenes de la clausura de su negocio, afirma Garza Ramos, quien agrega que en gran medida, la impunidad viene de la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para impedir las agresiones a periodistas. Una Fiscalía sin dinero sostiene que con el fin proteger el oficio periodístico en México, el país cuenta con una Fiscalía para delitos contra la libertad de expresión y con un mecanismo de protección de periodistas, mientras que algunos estados replican estas dependencias. No obstante, el problema es que su efectividad está en duda porque no tienen recursos. Por un lado, acceder a la protección de estas instituciones puede ser un calvario burocrático que sólo aumenta la vulnerabilidad de un comunicador. Prueba de esto es que si un agresor potencial sólo necesita unos minutos para materializar una amenaza, un periodista requiere varios días para que le respondan su solicitud de protección o le reciban una denuncia. La mayoría de las agresiones contra periodistas se dan fuera de la Ciudad de México, pero cualquiera que pida protección debe solicitarla a un consejo radicado en la capital, donde con frecuencia desconocen las realidades locales. Por otra parte, las instituciones federales y locales encargadas de proteger a periodistas o perseguir a sus agresores han resultado ineficaces. Un dato basta: de los siete periodistas asesinados en 2014, cinco fueron secuestrados previamente y estuvieron desaparecidos durante varios días antes de morir. Esto significa que ante las denuncias de plagio las autoridades federales o locales (dos casos ocurrieron en Tamaulipas y el resto en Veracruz, Sinaloa y Guerrero) fueron incapaces de montar operativos para encontrarlos o presionar a los delincuentes para liberar a los comunicadores e impedir su muerte. La falta de castigo a los agresores de periodistas y de disuasión hacia atacantes potenciales alimenta la vulnerabilidad de la prensa mexicana. Mariclaire Acosta es la directora de Freedom House. Señala que en México la libertad de expresión está protegida por el artículo 6° constitucional y que pese a ello las violaciones a la libertad de informar están a la orden del día. Freedom House ha dedicado buena parte de sus esfuerzos como organización de derechos humanos a defender la libertad de expresión en donde sea que ésta se encuentre seriamente amenazada.